En el año 2018 México comenzó su mayor transformación política de su historia reciente. El nuevo gobierno de México trajo consigo un nuevo paradigma que, contrario a la política neoliberal, enfatiza la orientación social en el ejercicio del presupuesto. Al ser la ciencia en México una actividad financiada esencialmente por el Estado, esta actividad deberá asumir la misma orientación que el resto de las acciones impulsadas por el poder ejecutivo. De hecho, desde los primeros días de la nueva administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el bienestar social ha protagonizado el discurso de sus directivos. Aunque el CONACyT seguirá apoyando la ciencia básica de frontera, paralelamente se ha planteado un nuevo programa (Programas Nacionales Estratégicos) donde este organismo identificará las prioridades nacionales e invitará a los especialistas a contribuir de forma articulada. El hecho que, en este momento histórico de México, las prioridades sean identificadas por la principal agencia financiadora y bajo un discurso con fuerte énfasis en la orientación social de la ciencia, ha generado preocupación en un sector de la comunidad académica dentro y fuera del país [1]. Esta coyuntura particular de mi país en el ámbito de la ciencia me ha llevado a plantearme las siguientes preguntas: